Nos encontramos nuevamente en un escenario de afrenta a los derechos humanos, que vuelve a cuestionar nuestro entorno democrático. El sustrato del Estado que vigila para reprimir no es particularmente novedoso, pero las formas se agigantan en el marco de los avances tecnológicos; de las nuevas formas de participación social, mucho más conectadas con la inmediatez de la información; y también con la narrativa oficial que ahora pretende colocarse del lado de los derechos.

La intervención en la privacidad y en las comunicaciones de defensores de derechos humanos y periodistas que se ha evidenciado, se sitúa en un marco de suplantación de lo legal por estrategias de excepción. Giorgio Agamben se ha referido a este contexto al señalar que hoy en día el estado de excepción comienza a convertirse en la regla de actuación del poder gubernamental, en donde las estrategias de seguridad no apuntan ya a prevenir actos de terrorismo, o en el caso de nuestro país de delincuencia organizada o narcotráfico, sino a establecer una nueva relación con las y los ciudadanos a través de un control generalizado de sus datos informáticos y comunicacionales. 

Si puede decirse que nuestro país vive un contexto de guerra, no es sólo por las condiciones de seguridad pública degradadas por la operación del crimen organizado, sino también a causa del despliegue de una guerra por el poder; una estrategia iniciada y seguida en contra de periodistas y defensores que, en virtud del ejercicio de su profesión, representan puntos de fuga del poder político gubernamental, y que un “Estado delincuente” ha intentado subsanar a través de la ampliación de un contexto bélico hoy trasladado al escenario digital y de las comunicaciones. Sin embargo, las autoridades corren un alto riesgo al interpretar el ejercicio del periodismo y la defensa de derechos humanos como actividades beligerantes, casi contrarias a los intereses del Estado.

La intervención ilegal de comunicaciones de periodistas y defensores de derechos humanos no solamente les hace ver como sujetos que requieren de un control estatal permanente, sino que permite cuestionar nuevamente la solidez de las instituciones gubernamentales que “necesitan” violar derechos humanos para ocultar una crisis que transita en el marco de la impunidad y de una enorme corrupción.

Ante este contexto, la Dirección del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México expresa su solidaridad con las y los periodistas, defensores de derechos humanos y demás profesionales que han sido víctimas de intervenciones ilegales a sus comunicaciones y hace un llamado a las autoridades competentes a adoptar medidas de protección reforzada a favor de sus derechos humanos, así como a iniciar y desarrollar investigaciones serias e independientes a fin de esclarecer los hechos denunciados.

*El Dr. José Luis Caballero es director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México