El 15 de abril de 1865 fue asesinado Abraham Lincoln, quien, siguiendo las reglas constitucionales y legales de su joven país y con un costo humano considerable, evitó el quiebre de su nación. La remembranza vale por la memoria de su sacrificio y porque su liderazgo en medio de la guerra civil tomaba en cuenta el entorno de los Estados-Nación que los miraban expectantes, y así se lo hacía saber a su leal gabinete en cada tramo crítico en la ruta de aprobación de la 13ª enmienda constitucional que suprime la esclavitud.

En la era contemporánea hay ejemplos de decisiones difíciles de política exterior, por los sacrificios que implicaron, tomadas por gobernantes conscientes de su papel como líderes de Estado y la responsabilidad ante sus pueblos. Pero igual se tienen los ejemplos de gobernantes autoritarios y dictatoriales que, provocadores de la inestabilidad internacional en sus entornos regionales (a veces más allá), su conducción y liderazgo fue sólo para tomar decisiones de distracción y, al final, acumular más poder de dominación opresiva. Poco se recuerda que Argentina enfrentaba protestas amplias que le reclamaban a la dictadura militar en las calles “paz, pan y trabajo”… Días después, las mismas masas llenaban las calles para apoyar a Fortunato Galtieri por su reivindicación militar de las Islas Malvinas contra el Reino Unido (sus Falkland Islands); más atrás, en Italia, y con cierta complejidad en la operación política a su interior, los fascistas de Mussolini, con una estrategia de manipulación por los factores externos, y de violencia contra socialistas y comunistas, polariza e intimida las representaciones formales de su congreso para hacerse del poder en Italia, el resto es historia y el mundo lo padeció.

Engaño y manipulación. México muestra muchos casos dignos en que las decisiones de Estado, basadas en principios reconocidos y adoptados por la comunidad internacional a lo largo de una historia incluso centenaria, interactúan con un despliegue de política exterior que legitima a diversos gobiernos. Sin embargo, el país y diversas administraciones (de todo signo) no escapa de acciones (o reacciones) de política exterior con efectos manipuladores y de franca represión a la clase política (casi siempre de oposición) o a sectores específicos de la población. El motor de fondo en estos escenarios es el uso y abuso de los sentimientos nacionalistas (el síndrome de Juan Escutia reducido a retórica de gobierno y pose intelectual).

La moda del populismo autoritario de esta época ha sido el contexto propicio para los lances de un gobierno que, por cualquier motivo, cuando, de vez en vez, el presidente mexicano se ha percatado del entorno internacional, lo usa en apoyo de sus concepciones ideológicas (y extrapoladas ególatramente como el “deseo nacional”) para impulsar su pretensión de trascendencia. La crisis diplomática con Ecuador (al violar la inmunidad de la embajada mexicana) provocada inicialmente por México, es sólo el capítulo más reciente de mentira y manipulación que recurre al expediente del nacionalismo chauvinista para cerrar filas y distraer la atención política en un escenario crítico de múltiples problemas internos que compromete ya, la democracia y el futuro del país.

Los militares no han estado ajenos a las estrategias populistas de manipulación, en el contexto del protagonismo del presidente en política exterior, para sacar provecho “institucional” de su autoimagen heroica: sin más prueba que su dicho y el testimonio de los militares involucrados en la misión (“de rescate”, sic) de Evo Morales en Bolivia (quien había renunciado a su presidencia en noviembre de 2019), se dijo que el avión militar que lo recogió (con la anuencia del gobierno de ese país) por el asilo concedido, sufrió un ataque aéreo en su regreso a México. En la promoción de generales obradoristas al año siguiente, el piloto del avión figuraba enlistado por ese mérito nunca probado y del cual el gobierno mexicano no se sabe que haya exigido una condena internacional por el acto de guerra o siquiera emitido una nota de protesta.

La mirada exterior al interior: el reto electoral. La evolución del concierto internacional en entornos seguros y de desarrollo económico siempre vinculados trajo consigo desde el último cuarto del siglo pasado el interés de valorar la calidad y peso de interlocución de cada país en función de sus valores y de qué tan legítimos, democráticamente hablando, son sus gobernantes. En el hemisferio esto fue evidente en la medida en que la tercera ola democratizadora se asentaba en los países que dejaban atrás conflictos armados, dictaduras y regímenes autoritarios como el mexicano.

La actual clase política en el poder no solo atestiguó, sino que promovió desde las trincheras de la oposición desde hace más de cuatro décadas la presencia de misiones de observación electoral (MOE's), ya sea de organismos multilaterales de los que México era parte (ONU y OEA) o tenía vínculos políticos y comerciales (como la Unión Europea), o de organizaciones no gubernamentales con prestigio e interés legítimo en la promoción de elecciones libres y democráticas, que propiciaran también Estados fuertes y confiables respaldados por los valores liberales de la democracia y el Estado de Derecho (la Fundación Carter, IDEA internacional, IFES, etc.). Se permitieron las MOE's desde los años noventa por esa necesidad de legitimación en el contexto regional e internacional del país que, además, le permitiese coexistir como interlocutor serio para el exterior. Imposible negar el papel que ha tenido esta validación de las misiones en la transición democrática del país hasta la primera alternancia política, así como de la confección, siempre compleja, de su sistema electoral.

Luego del proceso del año 2000, se llegó a decir que era innecesaria esa práctica de observación y que se debía limitar a un derecho ejercido sólo por ciudadanos del país (de hecho, legalmente no se reconoce, por el prurito nacionalista tradicional, la calidad de observadores electorales extranjeros; se reduce a “visitantes”). En las últimas décadas, sin embargo, no ha dejado de haber presencia extranjera observando los procesos mexicanos. De hecho, de sus informes de cada elección, buena parte de los actores políticos de oposición (en turno), han sacado raja de sus recomendaciones a conveniencia de cada fuerza y que terminan impulsando cambios al marco legal.

Paradigmático fue el proceso de 2006 cuando la observación electoral externa hizo hincapié en la intromisión presidencial en el proceso, así como el señalamiento de poderes fácticos que distorsionaban la equidad del proceso durante la campaña y que, sin embargo, no fue lo suficiente para dudar del resultado legítimo de la elección por el mínimo margen que se registró. Esto es importante porque también se consignaban por los “visitantes” los ánimos manipuladores de engaño a las misiones de observación, las acusaciones sin pruebas, de una organización y validación maliciosa del proceso por parte de las instancias autónomas (funcionarios y jueces).

La trampa gubernamental y el dilema de la observación 2024. Lejos del liderazgo internacional de antaño, apartado visiblemente de los principios de política exterior que le dieron su prestigio durante décadas, el actual gobierno mexicano se dispone a enterrar el actual sistema electoral asumiendo el reto de hacerlo frente a los ojos de la comunidad internacional. Esa misma comunidad a la que apeló y demandó solidaridad y aplicación del derecho internacional por la violación de la embajada en Ecuador.

Estructuralmente debilitados, amedrentados y/o cooptados (capturados es el término de moda), los encargados de la organización y actuación jurisdiccional para resolver controversias del proceso, enfrentan un embate sin precedente de manipulación e intromisión presidencial (y de dos tercios de los gobiernos estatales) que preparan un escenario de avasallamiento electoral a favor del partido hegemónico. Las preguntas y el dilema que enfrentan las misiones de observación externa son la valoración del conjunto de factores de un proceso que se ha viciado y que cuenta con el acompañamiento medroso de medios, intelectuales y académicos que se niegan a ver los elementos simuladores que buscan arrastrar a los visitantes extranjeros en su plan legitimador.

Los dilemas no son nuevos dadas las experiencias de 2018 y 2021, cuando integrantes de las misiones fueron no sólo testigos, sino víctimas de la violencia política por la acción del trabajo sucio de las células criminales ya en su papel de “operadores políticos” del proceso electoral (las muestras de monitoreo regional de más de una misión son incompletas por esta razón y, por ende, inconsistentes con sus resultados y conclusiones). En estas fechas del proceso, varios de los equipos de avanzada de las misiones acreditadas se encuentran en el país y se harán más visibles en la medida en que se acerca la jornada electoral. La pregunta es si ahora se consignarán las acciones y omisiones gubernamentales para asegurar, a la mala, la elección, o si tendrán el valor de denunciar (como lo hiciera una vez la OEA en Perú) no sólo la inequidad estructural de la contienda. Será la última elección, sin duda, en que podremos ejercer el voto con la esperanza de que cuente y se cuente.